BATERÍA DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, LA GUÍA TÉCNICA GENERAL PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES

El día 22 de Julio de 2019, el Ministerio de Trabajo, emitió la Resolución 2404 de 2019, con el fin de brindar las herramientas adecuadas e instrumentos unificados para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores, siendo necesario para esto, adoptar la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales, aplicable a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, a las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a los trabajadores en misión, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.

Para lo cual, deberán tener como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la identificación, evaluación y monitoreo permanente e intervención de los factores de riesgo psicosocial, quince (15) Instrumentos de Evaluación y Guías de Intervención, los cuales se encuentran publicados en la página web: www.fondoriesgoslaborales.gov.co.

Por lo que la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, deberá realizarse de forma periódica, de conformidad al nivel de riesgo de la empresa; sin embargo, cuando se han identificados factores psicosociales nocivos que están causando efectos negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo, deberá realizarse la evaluación de forma anual, caso contrario cuando el nivel de riesgo es medio o bajo, se deberá realizar la evaluación como mínimo cada dos años.

Deben tener en  cuenta, que la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, está conformada por un conjunto de instrumentos que permiten realizar el análisis  y establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, así como los efectos en la salud de los trabajadores o en el trabajo, cuya aplicación debe realizarse garantizando la reserva y confidencialidad de la información, sin realizar variaciones en sus cuestionarios, la cual podrá aplicarse virtualmente una vez el Fondo de Riesgos Laborales desarrolle el software para tal fin.

Así las cosas, las Administradoras de Riesgos Laborales deberán desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de los factores de riesgo psicosocial para sus empleadores, contratante y trabajadores afiliados, brindando asesoría técnica para la identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial prioritarios.

Siendo necesario que a quienes aplica la norma, sigan tres (3) reglas establecidas en la Resolución, para la custodia de los instrumentos de la evaluación de factores de riesgo psicosocial, proceso en el que, por ningún caso, los empleadores o contratantes podrán tener, conservar o anexar la evaluación de riesgo psicosocial y de la historia clínica en la hoja de vida del trabajador. 

Finalmente, la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales, contará con tres enfoques, como herramienta de promoción de la salud y los factores protectores, componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y mecanismo de intervención de los factores de riesgo identificados a través de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de los Factores de Riesgos Psicosociales.

Por lo que el incumplimiento de la Resolución, acarreara la correspondiente investigación administrativa e imposición de sanción por parte de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994.

PROHIBICIÓN DEL USO DE ASBESTO EN COLOMBIA

Recientemente el Congreso de la Republica expidió la Ley 1968 del 11 de Julio de 2019, en búsqueda de prohibir la explotación, producción, comercialización, importación, distribución o exportación de cualquier variedad de asbesto, a partir del 01 de enero de 2021, a fin de preservar la vida, la salud y el medio ambiente de los trabajadores y los habitantes del territorio nacional.

 

Siendo esta ley, el resultado de los descubrimientos médicos, que han determinado que todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano y que la exposición laboral causa más de 107.000 muertes anuales por cáncer de pulmón relacionado con el asbesto, mesotelioma y asbestosis (Congreso de la Republcia de Colombia, 2017); lo que generó una alerta para prohibir este material, a fin de evitar dichas consecuencias en el mundo laboral.

 

Así las cosas, el gobierno deberá establecer una política pública para la sustitución del asbesto dentro de los siguientes cinco (5) años, a fin de eliminar de manera segura y sostenible el uso de este material en las diferentes actividades industriales del país; lo que no puede ser resultado de despidos, terminación de contratos u obstaculización de las relaciones laborales, ya que, lo que se busca es evitar el impacto desproporcionado de la prohibición sobre los trabajadores de las empresas que usan asbesto, por lo que las entidades públicas deberán adelantar un plan de adaptación laboral y reconversión productiva; a través de programas de formación, capacitación y fortalecimiento empresarial en actividades diferentes a la minería de asbesto.

 

Por lo tanto, las Administradoras de Riesgos Laborales y las entidades promotoras de salud, a las que se encuentren afiliados los trabajadores expuestos, deberán desarrollar con un plazo máximo de seis (6) meses una ruta para la atención integral para personas expuestas al asbesto, en el que deberán suministrar información y orientación relacionado con la atención médica y especializada orientada al diagnóstico y tratamiento.

 

Por otro lado, a nivel ambiental a partir de la promulgación de esta ley no se otorgarán concesiones, licencias o permisos, ni prorrogas para la explotación y exploración del asbesto en Colombia, así las cosas, aquellas empresas que cuentan con títulos vigentes el gobierno realizará seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de orden técnico y jurídico, de higiene, seguridad y laborales; teniendo en cuenta las disposiciones vigentes relacionadas con este material.

 

Finalmente, las personas naturales o jurídicas, que continúen con la explotación, producción, comercialización, importación, distribución y/o exportación de cualquier variedad de asbesto, serán sancionadas económicamente entre los cien (100) y los cinco mil (5000) SMLMV a partir del primero de enero de 2021, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio y por las demás entidades de inspección, vigilancia y control.

 

En consecuencia, podemos observar que este es el inicio de un reto empresarial para eliminar y/o sustituir el asbesto sin generar perjuicios laborales; a fin de proteger la vida no solo a nivel laboral, sino también a nivel colectivo, que pudieran encontrarse en riesgo de padecer enfermedades originadas por la exposición de este material.

CLASIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

El día 5 de junio de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emitió el Decreto 957, mediante el cual busca reglamentar la clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, teniendo en cuenta para ello los ingresos por actividades ordinarias anuales de las respectivas empresas, la cual podrá variar dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolla su actividad. 

Por lo que se deberá tener en cuenta, el sector manufacturero, de servicios y comercio para determinar los valores de ingreso para las Microempresa, Pequeña Empresa y Mediana Empresa, entendiéndose como Gran empresa aquella que tiene ingresos por actividades ordinarias anuales mayores al rango superior de las medianas empresas, en cada uno de los sectores mencionados anteriormente.

Siendo necesario que las empresas, definan los ingresos por actividades ordinarias, los cuales se obtienen de las actividades de operación y otras actividades que no son consideradas como actividades de inversión o financiación, de conformidad con el marco de información financiera aplicado por la empresa, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, a la fecha de presentación de la solicitud de la propuesta o del trámite para el que se quiera hacer valer la clasificación establecida.

El valor de los ingresos por actividades ordinarias anual de empresas, deberá ser reportado de manera obligatoria en formulario de inscripción y actualización del Registro Único Empresarial y Social-RUES.

Decreto que empezara a regir a partir de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación.

PRECISIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

El día 12 de abril de 2019, la Ministra de Trabajo expidió la Circular Externa 0027, con el fin de establecer precisiones sobre la implementación del teletrabajo para los trabajadores y empleadores del sector público y privado, así como a las administradoras de riesgos laborales.

Estas precisiones se realizan sobre las consultas más recurrentes sobre el tema, que se hacen al Ministerio, buscando con esto que el teletrabajo pueda ser desarrollado a plenitud y sin ningún tipo de limitaciones a los establecidos en la norma, con el fin de que los trabajadores en la modalidad de teletrabajo gocen de todas las garantías otorgadas por las normas laborales.

Entre las precisiones realizadas, se encuentran:

1.    Sobre las visitas al puesto de trabajo, la cual tiene como fin revisar y verificar las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran incluidas las características física, biológica, ergonómica o psicosocial que pueda tener influencia en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador, en aras de prevenir los posibles riesgos y procurar el cuidado integral de su salud.

Siendo necesario realizar una serie de acciones previas a la firma del contrato o acto administrativo que confiera la implementación de la modalidad del teletrabajo, como lo es contar con una guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo que deberá ser suministradas por la respectiva Administradora de Riesgos Laborales, diligenciar el formulario de afiliación y novedades adoptado mediante la Resolución 3310 de 2018, el teletrabajador deberá diligenciar el formato de auto reporte de condiciones de trabajo, el empleador deberá realizar la verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de cualquier modalidad ya sea presencial o virtual y el teletrabajador deberá implementar los correctivos sugeridos y necesarios en el lugar de trabajo.

2.    Sobre el suministro de equipos y herramientas, los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.

Las obligaciones de los trabajadores seguirán siendo reguladas por la Ley 1221 de 2008, siendo obligación del empleador del sector privado decidir la cuantía destinada para la implementación del teletrabajo, para lo cual, debe contar con capacidad económica que no le permita exonerarse de la misma.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El pasado 13 de febrero de 2019, el Ministerio de Trabajo promulgo la Resolución 0312, en la cual se definen los estándares para empleadores públicos y privados, no obstante la norma  indica que la resolución  no es de obligatorio cumplimiento para los trabajadores independientes con Afiliación Voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la sección 5 del capítulo 2 del Título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072; así mismo indica que los estándares mínimos  para actividades del servicio doméstico se establecerán en un acto administrativo independiente.

La Resolución consta de 46 hojas, a continuación se relacionan aspectos relevantes contemplados;
1.    Los estándares mínimos se establecen por número de trabajadores y clasificación de riesgos I.II.III. VI Y V.
2.    Se establece el campo de actividad de los técnicos y tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo.
*  Se aclara que las personas con curso virtual de 50 horas solo podrán administrar el SG SST de empresas de I, II, III de menos de 10 trabajadores 
*  Las tecnologías podrán diseñar e implementar el SG SST de las empresas entre 11 y 50 trabajadores de riesgo I, II y III.
3.    En la evaluación de proveedores y contratista se debe incluir el cumplimiento de estándares mínimos.
4.    Se ratifica que el plan de seguridad vial debe estar articulado al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
5.    Se crean los estándares mínimos para empresas de producción agropecuarias
6.    La acreditación en SGSST sigue siendo un reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Trabajo.
7.    Las personas que asesoran o asisten en seguridad y salud en el trabajo deben tener licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente y aprobar el curso de las cincuenta horas.
8.    A partir del 20 de enero de 2020, Todos los sistemas de gestión ejecutaran anualmente de enero a diciembre o en proporción a la fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año, así mismo a partir del año 2020 el formulario de evaluación, los planes de mejora de estándares mínimos deben registrarse  en la aplicación habilitada  en la página del Ministerio del Trabajo, de diciembre del año 2020 en adelante.

De igual forma a partir de diciembre de 2019 las empresas deben remitir la autoevaluación y planes de mejora a las administradoras de riesgos laborales, para su estudio y análisis.

Finalmente, la Resolución 0312, rige a partir de su publicación y deroga la Resolución 1111 de 2017.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS LEY 1943 DE 2018

Mediante la Ley 1943 de 2018 (mejor conocida como Ley de Financiamiento), el Gobierno Nacional estableció nuevas medidas y normativas en materia tributaria. Así mismo, se generaron beneficios tributarios y formas de terminación de procesos, tanto fiscales como de fiscalización, adelantados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

Entre los beneficios se encuentran:
A.   TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN:
En los casos en los cuales la UGPP se encuentre adelantando un proceso de fiscalización por aportes al sistema general de seguridad social, podrá el fiscalizado terminar de mutuo acuerdo el proceso de fiscalización, siempre  y cuando se cumpla  con los siguientes requisitos entre los que se encuentran; 1. El Haber sido notificados de requerimiento para declarar y/o corregir, liquidación Oficial y/o  Resolución que resuelva el recurso de reconsideración, 2. Haber pagado el 100% de los aportes solicitados, 3. No haber interpuesto demanda contencioso-administrativa.

B.   TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS:
En los casos en los cuales la UGPP se encuentre adelantando un proceso sancionatorio por no entrega oportuna de la información, podrá el fiscalizado terminar de mutuo acuerdo el proceso sancionatorio, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos en los que se encuentran: 1. Haber sido notificados de pliego de cargos, liquidación sanción y/o resolución que resuelva el recurso de reconsideración previo a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, 2. Haber pagado el 50% de la sanción impuesta en la última resolución y 3. No haber interpuesto demanda contencioso-administrativa de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y en caso de haberla interpuesto que la misma no haya sido admitida

C.   CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:
En los casos en los cuales la UGPP haya adelantado un proceso de fiscalización por aportes al sistema general de seguridad social, podrá el fiscalizado conciliar la demanda contencioso-administrativa de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando se cumpla con los requisitos entre los cuales se encuentra; 1. Haber interpuesto demanda contencioso-administrativa de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Liquidación Oficial y/o resolución que resuelva el recurso de reconsideración previo a la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 2.Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial, En caso de que el proceso se encuentre en primera instancia, 3. Haber pagado el 100% de los aportes solicitados; el 100% de los intereses por los aportes correspondientes al sistema general de seguridad social en pensiones; el 20% de los intereses por los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales, SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar; y el 20% de las sanciones establecidas en la última resolución.

 D.   CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PROCESOS SANCIONATORIOS:
En los casos en los cuales la UGPP haya adelantado un proceso sancionatorio por no entrega oportuna de la información, podrá el fiscalizado conciliar la demanda contencioso-administrativa de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: 1. Haber interpuesto demanda contencioso-administrativa de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución Sanción y/o resolución que resuelva el recurso de reconsideración previo a la entrada en vigencia de la Ley 1943, 2.  Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial.3. Haber pagado el 50% de la sanción impuesta en la última resolución.

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

El pasado 16 de Enero de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social,  promulgo la Resolución 089, con la cual se adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de los factores de prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, siendo de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades.

Es de resaltar, que entre los pilares de la política se encuentra garantizar la atención integral de las personas, familias y comunidades con riesgos o consumo de sustancias psicoactivas.

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2013, Identificó que las sustancias más consumidas en el último año son: “El alcohol (58,7%) y, con prevalencias mucho más bajas, la marihuana (3,3%) y la cocaína (017 0/0.). Se destaca el hecho de que alrededor de 2.5 millones de personas presentaron un consumo riesgoso o perjudicial de bebidas alcohólicas (Ministerio de Justicia y del Derecho MINJUSTICIA, Ministerio de Salud y Protección Social MINSALUD y Observatorio de drogas de Colombia. (ODC) 2014).

Desde la concepción de salud integral, la relación entre la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas es innegable, en tanto la salud mental constituye una condición de base para el logro de procesos de desarrollo integral y el despliegue de capacidades que permiten autonomía y relacionamiento, construcción de proyectos de vida con sentido y adecuado desempeño en la vida cotidiana, es por ello que la política integral para la prevención y atención del consumo  de  sustancias  psicoactivas complementa las disposiciones promulgadas en el marco de la ley y Política de la Salud Mental.

Conforme lo anterior, la Política Integral para la Prevención y Atención del consumo de sustancias psicoactivas, trabajará las líneas de acción que a continuación se señalan:

1.    Prevención de los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas.
2.    Tratamiento integral.
3.    Rehabilitación integral e Inclusión social.
4.    Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial.

AUMENTO SALARIO MÍNIMO Y AUXILIO DE TRANSPORTE AÑO 2019

Teniendo en cuenta que el día 20 de diciembre de 2018, en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se socializaron las propuestas por los diferentes sectores del trabajo como las centrales obreras y gremio de empleadores, se llegó a una decisión concertada de incrementar el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019 en un 6%.

Razón por la cual, el día 27 de diciembre el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 2451 de 2018, mediante la cual se fija el salario mínimo mensual legal para el año 2019 en Ochocientos Veintiocho Mil Ciento Dieciséis Pesos ($ 828.116), vigente desde el 1 de enero del año 2019, derogando con su expedición el Decreto 2269 de 2017.

Así mismo, en esa fecha, el Ministerio de Trabajo expidió el Decreto 2452 de 2018, mediante el cual se establece el auxilio de transporte, fijando desde el 1 de enero de 2019, su valor en Noventa y Siete Mil Treinta y Dos pesos ($ 97.032), el cual se pagará por los empleadores en todos los lugares del país donde se preste el servicio público de transporte, derogando con su expedición el Decreto 2270 de 2017.

REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN COLOMBIA-RUTEC

El día 9 de octubre de 2018, el Ministerio de Trabajo, profirió la Resolución 4386, cuyo objeto primordial es implementar el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia-RUTEC, con el fin de recopilar y controlar la información de los trabajadores extranjeros en el país y como base de la construcción de la política laboral migratoria, siendo de obligatorio cumplimiento para las entidades del sector público y empresas del sector privado que vinculen o contraten personas extranjeras dentro del territorio colombiano.

La inscripción en el RUTEC, se deberá realizar de conformidad a los parámetros establecidos en el anexo técnico “Manual de ingreso al módulo RUTEC” incluido en la presente norma, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a 120 días calendario contados a partir de la celebración del contrato o desde la vinculación del trabajador extranjero, para las empresas del sector público y privado que al momento de la expedición de la resolución cuenten con personal extranjero vinculado o contratado, tendrán un plazo de 120 días para realizar el correspondiente registro en el RUTEC, contados a partir de la expedición de la resolución anteriormente relacionada, el registro de un trabajador extranjero, tendrá la misma vigencia prevista en el respectivo contrato.

Es necesario actualizar el RUTEC, cada vez que se genere una novedad, como lo son la terminación de la vinculación o contratación del trabajador extranjero, se modifique la actividad económica, entre otros, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al hecho que genere la novedad.

Deben tener en cuenta que la inscripción del RUTEC, deben realizarse cada vez que las entidades del sector público y empresas del sector privado vincule a un extranjero, sin importar que con anterioridad exista un registro RUTEC de la misma persona.

La administración y control de la base de datos que integra el RUTEC, corresponderá al Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Movilidad y Formación, para lo cual se adoptaran las medidas de confidencialidad, veracidad e integridad de los registros.

El Ministerio del Trabajo de acuerdo con sus facultades y competencias, podrá realizar la inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de esta nueva obligación, por lo que, en caso de llegar a comprobarse algún incumplimiento, podrá imponer sanciones que están entre uno (1) y cinco (5000) mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Resolución empieza a regir a partir de su fecha de publicación.

NATURALEZA Y DESTINACIÓN DE LAS PROPINAS

El día 3 de agosto de 2018, el Congreso de Colombia, profirió la Ley 1935, cuyo objeto primordial es reglamentar la naturaleza y destinación de las propinas, aplicable a los establecimientos de comercio en los cuales se presta el servicio de consumo de alimentos, bebidas y espectáculos públicos, y en aquellos lugares que se sugiera el pago de propina o se genere cuando el cliente así lo determine.

Entiéndase por propina, como el reconocimiento en dinero que en forma voluntaria el consumidor otorga a las personas que laboran en los establecimientos de comercio anteriormente señalados, como gratificación al buen servicio y productos recibidos, independientemente del valor cancelado, debe tenerse en cuenta que la propina podrá ser sugerida por el establecimiento de comercio que presente el servicio y es voluntad del consumidor aceptarla o no, el cual también podrá establecer el valor que va a reconocer;  sin embargo en ningún caso el valor de la propina será superior al 10% del valor del servicio prestado y esta deberá aparecer relacionada en la factura del consumidor.

Los beneficiario de las propinas, serán las personas involucradas en la cadena del servicios, las cuales podrán ser distribuidas equitativamente entre todos los involucrados, si así lo establece en su momento el empleador; sin embargo, queda prohibido a los propietarios y administradores de los establecimientos, destinar parte de las propinas para cubrir gastos tales como, la reposición de elementos de trabajo, pago de turnos, reposiciones de inversión o cualquier otra que no corresponda al pago del trabajador, así como retener al trabajador el pago de las propinas, sobrentendido que las propinas no son consideradas como factor salarial.

Las instrucciones sobre la manera de informar a los consumidores sobre los precios y voluntariedad de la propina, serán suministradas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que aparte de esta función, contará con algunas facultades descritas en la Ley.

El incumplimiento a lo establecido en la mencionada Ley, acarreara las correspondientes sanciones señaladas en la Ley 1480 de 2011.

La ley empieza a regir a partir de su fecha de publicación.

APLICABILIDAD SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

El Decreto 1496 del 6 de agosto de 2018, emitido por el Ministerio de Trabajo, tiene como objeto primordial adoptar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos- SGA de la Organización de las Naciones Unidas, para la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos, el cual será aplicable en todo el territorio nacional, a las personas naturales y jurídicas públicas o privadas, dirigido a las actividades de extracción, producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y los diferentes usos de productos químicos que tengan al menos una de las características de peligro de acuerdo con los criterios del SGA, ya sean por sustancias químicas puras, soluciones diluidas o mezclas de estas.

La implementación del Decreto se realizará de conformidad a los plazos que establezca para tal fin el Ministerio de Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Salud y Protección Social, de acuerdo con las competencias que les confiere la norma.

El Decreto menciona la calificación de los peligros, la cual se realizará con base en los lineamentos del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, cuya información será generada a través de ensayos realizados conforme a los métodos y técnicas del SGA, de fuentes confiables y que cumplan una serie de requisitos descritos en la norma.

Para la comunicación de estos peligros, se deberán adoptar unas Etiquetas y unas Fichas de Datos de Seguridad, definidos en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, los cuales deberán cumplir unas características especiales para su implementación, cuyos lineamientos serán establecidos por el Ministerio de Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Salud y Protección Social.

La clasificación y el etiquetado de los productos químicos dirigidos al consumidor se realizará de acuerdo con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos; mientras que el transporte terrestre automotor de productos químicos estará sujeto a lo establecido en la regulación vigente de transporte de mercancías peligrosas por carretera en el Capítulo 7 del Título I de la Parte 2 del Decreto 1079 de 2015.

Así mismo, la clasificación y el etiquetado de los productos químicos utilizados en lugares de trabajo, se realizará de conformidad con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Por último, el Decreto establece una seria de responsabilidades dirigidas al fabricante e importador de productos químicos, comercializador y usuario de productos químicos, el empleador, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura y la Administradora de Riesgos Laborales.

El Decreto entra en vigencia a partir de su publicación y se debe estar atento de las medidas que establezcan los Ministerios anteriormente mencionados para su implementación.

REGLAMENTACIÓN INCAPACIDADES SUPERIORES A 540 DÍAS

El Ministerio de Salud y Protección Social, el día 27 de julio de 2018, profirió el Decreto 1333, por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones; cuyo objeto es regular el procedimiento de revisiones periódicas de las incapacidades por enfermedad general de origen común por parte de las EPS, detectar las situaciones de abuso o fraude que se generan en el pago de incapacidades, cuya aplicabilidad va dirigida a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), a los aportantes, los cotizantes, incluidos los pensionados que realizan aportes adicionales a su mesada pensional, y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Uno de los aspectos más importante del nuevo Decreto, es la revisión periódica de la incapacidad por enfermedad general de origen común, la cual será adelantada por las EPS y demás EOC, la cual servirá para detectar los casos en los que el tiempo de rehabilitación y recuperación del paciente se desvíen de lo previsto por una condición de salud específica, identificando así a los pacientes que puedan presentar una incapacidad prolongada, a los cuales se les aplicará un plan integral de tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación, que permita valorar cada sesenta (60) días calendario, su evolución, la cual será consignada en la historia clínica del paciente por el medico u odontólogo tratante, siendo compartida al área de prestaciones económicas de la EPS o AFP, para el reconocimiento y pago de la incapacidad de estos pacientes.

Igualmente el Decreto, establece el reconocimiento y pago de incapacidades superiores a quinientos (540) días por parte de las EPS, en tres casos específicos, como lo son, cuando haya un concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante que diga que se necesita continuar en tratamiento, cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad que originó la incapacidad y cuando por enfermedades concomitantes, se hace necesario prolongar el tiempo de recuperación, así las cosas, de presentar el afiliado cualquiera de las situaciones antes previstas, la EPS deberá reiniciar el pago de la prestación económica a partir del día quinientos cuarenta y uno (541).

Así mismo, el Decreto, crea un listado de situaciones que se considerarán abusos de las personas que se encuentran incapacitadas, como lo son, no seguir los tratamientos, no asistir a citas médicas o no acudir a las valoraciones para determinar la pérdida de capacidad laboral, cuando se detecte un fraude en el curso de la incapacidad o en su certificación, cuando se efectúen cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos falsos o cuando se compruebe que la persona incapacitada está haciendo una actividad alterna que afecta su recuperación y de la cual deriva ingresos, algunas de estas conductas serán resueltas por la EPS o EOC y otras serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, aportando las pruebas con que se cuenta.

Cuando alguno de estos fraudes se presente, la EPS podrá pedir explicaciones al paciente, hacerlo firmar un acuerdo para que se comprometa a seguir el tratamiento so pena de perder el reconocimiento económico.

NOVEDADES PARA PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

El día 23 de Julio de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social, emitió el Decreto 1273, el cual trae inmersa varias modificaciones e inclusión de disposiciones normativas, una de ellas es la modificación del artículo 2.2.1.1.1.7 del Decreto 780 de 2016, frente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes, el cual se efectuará a partir del 1 de octubre de 2018, mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización.

Una inclusión del presente Decreto, tiene que ver con la adición del Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, en el cual se establece, que el ingreso base de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales, será mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar, sin embargo, en ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a 25 veces el salaría mínimo mensual legal vigente.

Adicionalmente, en las nuevas disposiciones se menciona, que la retención de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes, será realizada por los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas jurídicas, los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales conformados por al menos una persona jurídica, quienes deberán efectuar la retención y giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales y  reportar a través del PILA las novedades de inicio, suspensión y terminación del contrato.

Así mismo, el expedido Decreto modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, estableciendo que las Entidades o Instituciones públicas o privadas contratantes y los contratistas, según corresponda, deberán realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales mes vencido, dentro de los términos previstos en la norma; al contratista le corresponderá el pago cuando la afiliación sea Riesgo I, II o III y al contratante cuando la afiliación del contratista sea por riesgo IV o V.

Finalmente, establece que el contratante deberá cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, frente al reporte de accidentes, investigación, adelantar actividades de promoción y prevención, capacitaciones, entre otros, sin dejar de un lado el informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al Sistema General de Riesgos Laborales y adoptar los mecanismos necesarios para, realizar el pago mes vencido de la cotización respectiva.

LEY DEL VIGILANTE

El pasado 12 de Julio, el Congreso de la Republica sanciono la Ley 1920  “por medio del cual  se  dictan disposiciones relacionadas con cooperativas especializadas de vigilancia  y seguridad  privadas  y se busca  mejorar  las condiciones  en las que  el personal  operativo  de vigilancia  y seguridad  privada  prestan  el servicio de vigilancia y seguridad”.

La norma en comento señala que las cooperativas y pre-cooperativa especializadas de vigilancia, se regirán por las normas establecidas para las empresas, el encargado de ejercer la inspección, control y vigilancia y seguridad será la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998.

En materia laboral las empresas y cooperativas de trabajo deberán contar con un seguro de vida colectivo que ampare la totalidad del personal operativo, A su vez, la ley contempla la posibilidad de que el personal, a través de un acuerdo previo y escrito con el empleador, esto para las relaciones de trabajo propiamente dichas, tenga jornadas laborales diarias de máximo 12 horas, sin que esto implique que se exceda la jornada máxima semanal de 60 horas. Manteniéndose así la jornada ordinaria en ocho horas con jornada suplementaria hasta por 4 horas adicionales diarias, así mismo se señala que, se deberá respetar el descanso establecido en la normativa laboral vigente y el reconocimiento de la remuneración a la jornada en (domingos y festivos).

En el caso de asociados a cooperativas de trabajo asociado, las relaciones de trabajo se regirán por los regímenes de trabajo asociado o de compensaciones.

Así mismo  las personas  que presten los servicios   de vigilancia y seguridad privada que deban portar o tener armas deberán contar con el certificado  de aptitud psicofísica, el cual tendrá una vigencia de un año, el cual deberá renovarse  anualmente, respecto a este certificado podrá ser realizado por las instituciones prestadoras de salud IPS siempre y cuando acrediten los requisitos legales y reglamentarios, condiciones que deberán ser señaladas  por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. De igual forma se señala que el certificado de aptitud deberá ser realizado por las administradoras de riesgos laborales ARL sin ningún costo para los trabajadores y en caso de no estar de acuerdo el empleador con los resultados, el trabajador podrá solicitar a la ARL la realización del mismo en otra IPS sin ningún costo.

Adicional a lo anterior se establece que los resultados de los certificados de actitud psicofísica no podrán ser causal de exclusión laboral, por lo que se deberá proceder a reubicar al trabajador en labores sin armas de fuego.

Así mismo el servicio nacional de aprendizaje SENA, en busca de la profesionalización de la actividad, implementara un pensum académico con ciclos de competencias laborales

Finalmente se establece el 26 de noviembre como el día del vigilante. A su vez, define incentivos para la profesionalización de esta actividad a través del Sena y en convenio con empresas de formación. 

PARÁMETROS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNO LABORAL.

El Ministerio de Salud y Protección Social, sancionó la Resolución 2423 del 08 de junio de 2018 “por la cual se establecen los parámetros técnicos para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral.”

La intención de la resolución es establecer los parámetros técnicos así como las especificaciones generales y específicas de higiene, salubridad y dotación mínima que estas deben tener, para la operación de la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral establecidas en la Ley 1823 del 04 de enero de 2017 “por medio de la cual se adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.”

Las entidades y empresas que deben acogerse a la misma son las siguientes:

·         Las entidades públicas de orden nacional y territorial del sector central y descentralizado.

·         Las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes o aquellas con capitales inferiores con más de 50 empleadas.

·         Las secretarías de salud del orden municipal y distrital, o entidades que hagan sus veces en el nivel territorial.

En la Resolución se establecen los requisitos Generales, Específicos, Técnicos, Equipos, Utensilios, Insumos que se deben tener en cuenta para el adecuado funcionamiento de las salas amigas, y se determina a que entidad le corresponde la vigilancia y control en relación al cumplimiento de los anteriores requisitos legales.

Finalmente deben tener en cuenta, que en el artículo 5 de la presente Resolución establece que las salas amigas que se implementen en las empresas obligadas al cumplimiento de esta disposición normativa, deben estar inscriptas ante la Secretaria de Salud del Municipio o Distrito donde se encuentre ubicada la sala.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - SENTENCIA SL 1360 DE 2018

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, el pasado 11 de abril de 2018, emitió la sentencia SL 1360 de 2018, mediante la cual cambio el criterio frente al tema de la estabilidad laboral específicamente en la interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, apartándose de la postura de no consagrar una presunción legal o de derecho frente al citado artículo, que permitiera deducir a partir del hecho conocido de la discapacidad del trabajador que su despido obedeció a un móvil relacionado con su estado de salud; y acogiendo en su lugar, la postura de que el despido de un trabajador en estado de discapacidad se presume discriminatorio, a menos que el empleador demuestre en juicio la ocurrencia real de una justa causa.

Clarifica La Sala, que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no prohíbe el despido del trabajador en situación de discapacidad, y que lo que sanciona es que tal acto este precedido de un criterio discriminatorio, resultando necesario que el Ministerio compruebe si, en efecto, la deficiencia del trabajador es incompatible o insuperable, en el cargo que ejercía o en otro existente en la empresa; por lo que la invocación de una justa causa legal, permitiría no acudir al Inspector del Trabajo, pues se eliminaría la presunción discriminatoria, al soportarse en una razón objetiva. No obstante, el trabajador podría controvertir la decisión tomada por el empleador en un proceso judicial, en el cual solo le bastaría demostrar su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que implicaría para el empleador la carga de la prueba de demostrar suficientemente la justa causa, so pena de que se declare la ineficacia del despido. Concluye La Corte:

“a) La prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima.

b) A pesar de lo anterior, si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanción de 180 días de salario.

c) La autorización del ministerio del ramo se impone cuando la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por imposibilidad de prestar el servicio. En este caso el funcionario gubernamental debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisión de esta obligación implica la ineficacia del despido, más el pago de los salarios, prestaciones y sanciones atrás transcritas.”

Finalmente, en esta sentencia la magistrada ponente realiza aclaración de voto, para precisar que el empleador podrá dar por terminado con justa causa y sin autorización del inspector del trabajo el contrato laboral de un trabajador con discapacidad, siempre y cuando la justa causa alegada no sea la establecida en el numeral 15 del artículo 62; pues en este caso resulta indispensable la intervención del Ministerio del Trabajo para garantizar que en realidad la justa causa alegada es de tal magnitud que frustra la ejecución de cualquier actividad laboral en la empresa.